Participación ciudadana y tensiones identitarias

“Barcelona quiere ser referente mundial en participación ciudadana, igual que es capital mundial de la telefonía móvil”, declara Carles Agustí, Comisionado de Participación Ciudadana y asociacionismo del Ayuntamiento de Barcelona.

Su declaración me recuerda un pequeño análisis sobre los desafíos del ámbito municipal español en relación a la participación ciudadana que escribí en el año 2007, cuando la crisis todavía sólo la sentían inminente aquellos con ojos y un poco de cerebro.

Dicho análisis formaba parte de la monografía “Las alas de Leo. La participación ciudadana del siglo XX” e identificaba diversos desafíos que, conjuntamente, conforman el «laberinto de la gobernanza local española». Los elementos que se analizaban eran la creciente “inmigración y disparidad social”, el “boom inmobiliario y su efecto en las finanzas municipales”, el “clima político deteriorado”, la “hostilidad institucional hacia la participación ciudadana”, las “tensiones territoriales e identitarias” y la “generalizada falta de cultura participativa en los municipios”.

De entre ellos, los más relacionados con la situación actual de Barcelona serían los apartados siguientes:

Tensiones territoriales e identitarias

Una de las mayores riquezas de España la constituyen su diversidad de climas y orografías, así como las numerosas culturas y pueblos que, a lo largo de la historia, confluyeron y se desarrollaron dentro de su reducida extensión geográfica. De hecho, algunas de sus actuales comunidades lingüísticas extienden sus raíces históricas hasta los tiempos pre-románicos, por lo que puede hablarse de más de veinticinco siglos de afortunada y desafortunada convivencia entre las culturas hermanas crecidas en la Península Ibérica.

En 1936, pocos meses después de iniciarse la guerra civil española, el general Franco explicaba a la prensa extranjera la que sería su futura política territorial: “El carácter de cada región será respetado, pero sin perjuicio de la unidad nacional, que la queremos absoluta; con una sola lengua, el castellano, y una sola personalidad, la española” (Laínz 2004). Ni qué decir tiene que los casi 40 años de dictadura que siguieron a esas declaraciones constituirían uno de los periodos de más difícil convivencia entre las regiones ibéricas. De hecho, la sistemática represión ejercida contra los nacionalismos periféricos y la prohibición de sus manifestaciones lingüísticas y culturales exacerbaría en ellas lo que Castells denomina identidades de resistencia: aquellas que se conforman a través del sentir que “alguien ahí fuera” no les deja ser lo que son, y que reivindican su derecho a ser por los más diversos medios, incluidos la lucha armada y el terrorismo.

En un intento por enmendar los excesos franquistas, el modelo territorial español fue radicalmente transformado como parte del proceso de transición a la democracia: España pasó a ser uno de los estados más descentralizados de Europa, con un sistema pseudo-federal estructurado en torno a las llamadas “Comunidades Autónomas”, que gozan de altos niveles de autogobierno. No obstante, no ha de olvidarse que los artífices de dicha “solución autonómica” provenían de ese mismo régimen que intentaban transformar. Del mismo modo en que casi seis años después de la muerte del dictador seguía aún considerándose el sueldo de la mujer casada –cuya capacidad jurídica se asimiló durante toda la dictadura a la de un niño o un demente– como un bien ganancial que debía ser administrado por su marido, la concepción patriarcal del franquismo impregnaría también el nuevo modelo autonómico, limitándolo en aspectos fundamentales y convirtiéndolo así en fuente de continuas tensiones hasta el día de hoy. Usando el símil del matrimonio patriarcal, podría afirmarse que el Estado central se reservó en su relación con las regiones una cierta primacía marital, que es la que le permite señalarles: “serás lo que eres… hasta donde yo te diga, ¿sí?. Interpretado en estos términos, el artículo 8 de la Constitución –que atribuye a las Fuerzas Armadas la misión de defender la “integridad territorial” de España– puntualiza: y como me hables de divorcio, te parto la cara” (Gordillo 2006; Ortiz 2007).

El proceso de revisión de los Estatutos de Autonomía –normas básicas de las regiones autónomas que fijan los márgenes de su autogobierno–, que fue iniciado en 2005 y está aún por completarse, no sólo no ha logrado disipar las tensiones entre las regiones y entre los distintos niveles de gobierno, sino que probablemente va a contribuir a que éstas se acentúen en los próximos años. La ciudadanía, tal vez preocupada por asuntos más cotidianos, apenas ha mostrado interés en la encendida disputa competencial. Los políticos nacionales y autonómicos despiertan así en los ciudadanos, por lo que parece, similares niveles de desapego. En escenarios como éste, los gobiernos de las regiones con agendas nacionalistas, que requieren legitimarse y diferenciarse con respecto al gobierno central, tienden a promocionar financiera y legislativamente mecanismos participativos al nivel regional y municipal, pretendiendo con ello un mayor acercamiento a los intereses de los ciudadanos. Éste es un proceso que, por ejemplo, se está dando en Escocia, y que en cierto modo acontece también ya en España: las comunidades con agendas más reivindicativas –Cataluña y el País Vasco– son también las que más han destacado en estos ámbitos.

Boom inmobiliario y finanzas municipales

Buena parte de la bonanza económica que España experimentó en la última década fue debida al espectacular boom inmobiliario que, amparado en la Ley del Suelo de 1998, promovió un modelo de desarrollo urbanístico de carácter no sostenible, que fomentó la especulación y generalizó la corrupción. Según las cifras oficiales, los precios de la vivienda crecieron entre 1997 y 2006 un 187%, para ir estabilizándose a lo largo de 2007 y seguramente estancarse o caer durante el 2008. El fin de este auge provocará, sin duda, una ralentización general de la economía española; su efecto sobre las finanzas municipales va a ser, sin embargo, mucho más dramático.

Durante los años del “boom del ladrillo” la gran mayoría de los municipios españoles recurrieron a las recalificaciones urbanísticas para incrementar su recaudación y mejorar su situación financiera. Desgraciadamente, los pingües ingresos extraordinarios provenientes de las recalificaciones favorecieron la indisciplina fiscal: en muchos casos fueron indebidamente utilizados para sufragar gastos corrientes y sobredimensionar la administración municipal, cuando no para la obtención delictiva de lucro personal por parte de políticos, funcionarios y otros intermediarios. Se extendieron así, por todo el territorio nacional, las prácticas de corrupción, la opacidad administrativa y el incumplimiento sistemático de las normativas urbanísticas, hasta el punto de que entre 2000 y 2007 los medios de comunicación españoles llegaron a denunciar más de mil casos de supuestas irregularidades urbanísticas y presuntos casos de corrupción.

Sin duda, este hecho no sólo ha provocado un deterioro del sistema democrático y una gran pérdida de credibilidad de sus instituciones, sino que plantea un desafío muy concreto y tenaz a los futuros gestores municipales: deberán proporcionar servicios, con unos recursos significativamente mermados, a una ciudadanía recelosa y a unas ciudades masivamente edificadas. En estas circunstancias, incluso el gestor más honesto y capaz tendrá dificultades para garantizar la gobernabilidad de su ciudad, ya que las subidas de impuestos que se verá obligado a realizar serán recibidas con suma hostilidad.

Es posible, no obstante, que esta exacerbada “conflictividad urbana” sirva para afianzar dentro de los municipios unos nuevos perfiles de liderazgo político y administrativo, que destaquen por sus dotes comunicativas y por su voluntad para coordinarse con el resto de agentes en la búsqueda de soluciones creativas para los problemas de la ciudad.

Clima político deteriorado

Por si fuera poco el desencanto democrático causado por la pandemia de corrupción urbanística, durante la última legislatura el clima político nacional se ha caracterizado por un nivel de polarización y crispación nunca antes vivido. En estos cuatro años no ha habido ninguna institución democrática, consenso cívico o política de Estado que haya quedado a salvo de la instrumentalización partidista, mediática y electoral.

Esta confrontación desmedida no sólo ha provocado discordia y hartazgo entre la ciudadanía, sino que ha puesto en evidencia para una proporción creciente de la población algunas de las deficiencias institucionales que hasta ahora apenas habían sido tematizadas, como la ausencia de una auténtica separación de poderes, la generalizada amoralidad política o la existencia de un bipartidismo encubierto, basado en el control mediático y en unos mecanismos electorales viciados. Tras treinta años de democracia, por primera vez han alcanzado resonancia cuestionamientos dirigidos hacia la jefatura del Estado –que no es electa sino hereditaria– y al propio proceso de transición democrática –cuya “incuestionable bondad” fue asentada en el imaginario colectivo por unos medios de comunicación dedicados durante lustros a idealizarla.

El resultado es, en cualquier caso, un clima político recrudecido y una ciudadanía cada vez más escéptica. Y si bien esta situación podría, en el ámbito nacional, reforzar la polarización política en torno a los dos partidos mayoritarios, en el nivel municipal va a tener un efecto más disgregador, dificultándoles a estos partidos que puedan hacerse con una buena representación local –con cuadros capacitados y que cuenten con apoyo social– y así favoreciendo que afloren otras agrupaciones con mayor voluntad y capacidad para sintonizar con la ciudadanía.

{Puedes leer el resto de apartados en la monografía, descargable en la web de Bubok.}


Los recientes acontecimientos en Cataluña muestran cómo la crisis y las estrecheces financieras que acarrea, junto con la cada vez más patente incompetencia y falta de catadura moral de la clase política (y de la casta monárquica), están infundiendo vigor a los procesos identitarios separatistas, ya fuertes de por sí.

Lo importante, desde nuestra perspectiva, es que ello va a proporcionar una oportunidad excepcional para el desarrollo de los mecanismos y prácticas participativas en los próximos años.

Si Barcelona realmente quiere convertirse en referente mundial en participación ciudadana -algo que todavía está por verse- el Sistema Kyopol intentará ayudarles en su empeño.



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